El sábado 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Migrante. Hubo manifestaciones en varias provincias españolas para denunciar “la vulneración de derechos que sufren los inmigrantes” en España. Las organizaciones convocantes ponían dos ejemplos: las redadas, de las que ya hemos hablado más de una vez, y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Los CIE son los recintos (de carácter no penitenciario) donde encierran a los inmigrantes que van a ser expulsados a sus países. Si pasan 60 días internos, sin ser devueltos, son puestos en libertad. Hay muchas organizaciones que a través de informes basados en los testimonios de los internos, ya que a ellas no se les permite entrar, han denunciado las “deplorables condiciones” en las que se encuentran los CIE españoles, dependientes del Ministerio del Interior. Las principales quejas siempre están relacionadas con “los malos tratos, hacinamiento, la incomunicación y el aislamiento, el racismo en alguna de sus manifestaciones más abyectas, la indefensión legal y la precariedad de los mecanismos de supervisión desde el exterior”, como recoge Voces desde y contra los CIE. Para quien quiera oír, de octubre 2009. A estas denuncias, se han sumado instituciones como el Defensor del Pueblo, que en un informe del año pasado calificaba al CIE de Aluche (Madrid) como un auténtico ‘agujero negro‘, “con un sistema excesivamente estricto propio de un régimen típicamente penitenciario”; o el Parlamento Europeo, que ya en un informe en 2008 reconocía que las condiciones de detención de los centros españoles eran “innecesariamente severas”.
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